25 comentarios el “Juicios Mercantiles

  1. Gracias por la creación de este espacio, espero poder adjuntar la información que me gustaría compartir con los compañeros en materia mercantil. Saludos :D

  2. Me parece muy interesante la dirección que llevan los tres vídeos que se publican en este foro, ya que los tres se enfocan en el tema de la economía procesal, misma que debe ser prioridad en los procesos actuales de justicia. Un dato que me llamo mucho la atención fue el comentario respecto al estado que viven algunas empresas en la actualidad, en el sentido que parte de su patrimonio se encuentra en un juicio detenido, esperando a una sentencia que en muchas ocasiones tardara años en dictarse; por lo mismo es que creo que tanto la temática de los juicios orales como los medios alternativos de solución de conflictos son necesarios si queremos que en nuestro país exista una impartición de justicia pronta y expedita.

    Rocío González Ascencio

    • mira rocio el español del cual es uno de los videos estuvo en nuestro Centro Universitario aproximadamente dos meses y me parece una persona bastante atinada y preparada en cuanto a los medios alternativos ,espero seguir contando con aportaciones que para eso es este espacio chao

  3. Compañeros:

    Les dejo una Tesis en relación a la falsedad ideológica o subjetiva, misma que puede oponerse como excepción cuando se hacen constar en Títulos de crédito algo que en realidad no sucedió. El número de registro es el 214233.

    TITULOS DE CREDITO. EXCEPCION DENOMINADA FALSEDAD IDEOLOGICA O SUBJETIVA DE LOS.
    Si la cuentahabiente demandada no autorizó a la institución de crédito actora para que el importe del documento fundatorio de la acción se abonará a su cuenta de cheques ni dio su consentimiento para que de dicha cuenta fuera descontado el importe total de ese documento, en la especie no se acreditó que el banco hubiera entregado a los quejosos el importe del pagaré que motivó el juicio ejecutivo mercantil de origen. De manera que, conforme a lo antes relacionado, quedó justificada la excepción de falsedad ideológica o subjetiva, por dinero no entregado, en virtud de que si la demandada jamás recibió el importe del título de crédito base de la acción, es inconcuso que no se encontraba jurídicamente obligada a efectuar el pago de una cantidad que nunca se le entregó.

    Saludos.

    Rocío González Ascencio

  4. Respecto al video de los juicio orales respecto de lo que dice creo q hasta cierto punto serán de gran ayuda aunque como todo tendrán su lado negativo. Uno de los principales objetivos de este tipo de juicios seria en todo caso si agilizar su trámite, ya que como sabemos, nuestro sistema de justicia no se caracteriza precisamente por ser rápido. Así, con ese objetivo en mente, por la misma naturaleza de los juicios orales, las partes tienen plazos más cortos para llevar a cabo ciertos actos, que anteriormente hacían que el juicio se retrasara por mucho tiempo y en algunas ocasiones de manera indefinida, además de que, muchos de esos actos deberán de hacerlos valer en las mismas audiencias y siempre de forma verbal, eliminando en gran medida la lenta administración de justicia por la vía escrita. Pudiendo ser benéfico debido a que estamos acostumbrados, nosotros, los abogados, a litigarlo todo, desde un pagaré por mil pesos, hasta el pago por la cantidad de muchos millones de pesos

    Otra de las cosas que resalta de la creación de estos juicios, es que obligará a los abogados litigantes y a los tribunales, a capacitarse para ser mejores y poder responder con eficacia al ritmo que se desarrollan este tipo de juicios. Por ejemplo, los abogados litigantes tendrán que desenvolverse bien y eficazmente en las audiencias, quedando en evidencia aquellos que no se preparen debidamente, quienes seguramente serán “destrozados” por los abogados bien preparados y capaces.

    incluso en la pag de los diputados existe un decreto en cuanto a las reformas del codigo de coemrcio que hace mencion de todos los articulos que se refieren al jucio oral mercantil les dejo el dato para que lo chequen.

    Y en cuanto al mención que hace de la jurisdicción concurrente les dejo el número de registro de una jurisprudencia no es muy grande pero como dicen lo que abunda no daña Registro No. 278 363 ya que se dice que la jurisdicción concurrente en materia mercantil ha sido moldeada en el país por la necesidad de una legislación uniforme y la imperiosa necesidad de una gran cantidad de tribunales para desahogar los asuntos en la materia. Aunándose la modalidad de juicios orales.

    carmen cardenas gutierrez

  5. Hola compañeros!

    Me parece que este foro será de gran utlidad, ya que, tanto profesionales del derecho, estudiantes e inclusive, personas con otra ocupación u oficio, tenemos en común que vivimos en un mundo donde rigen las relaciones mercantiles, por lo que los temas que aquí se tratarán serán de sumo interés para todos.

    A mi me gustaría compartirles una experiencia que tuve en mi trabajo:

    Sabemos que la caducidad de la instancia ocurre, cuando de autos se advierte que las partes no impulsaron mediante actuaciones debidas el proceso.

    Resulta que, de oficio se comenzaron a caducar varios asuntos, argumentando que la última actuación tendente a impulsar el procedimiento, era la proporción del domicilio donde podía ser emplazado el demandado, más cuando el actuario se constituía ahí, se percataba que o no vivía ahí o bien, era una casa deshabitada, por lo que como consecuencia, la parte actora solicitó que se giraran oficios a dependencias para saber el paradero del demandado.

    Pues para mi sorpresa, estos oficios NO INTERRUMPEN el término de los 120 días que estatuye el artículo 1076 del Código de Comercio, así como tampoco la razón actuarial que se levante sobre la imposibilidad de notificar al demandado, pues aunque existen criterios jurisprudenciales contradictorios, impera, al menos en Jalisco, este razonamiento.

    Los abogados interpusieron recurso de revocación, sin embargo, el juez no falló a favor, con fundamento en las siguientes tesis:

    5. Registro No.
    170 963
    CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. EL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL ALGUNA DE LAS PARTES SEÑALA DOMICILIO Y PERSONAS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES NO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA QUE OPERE (INAPLICABILIDAD DE LA TESIS AISLADA NÚMERO P. VII/96 DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN).
    Localización:
    [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXVI, Noviembre de 2007; Pág. 719. VI.2o.C.583 C.

    6. Registro No.
    171 533
    CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. LA CONSTANCIA LEVANTADA POR EL NOTIFICADOR DEL JUZGADO REFERENTE A LA IMPOSIBILIDAD DE EMPLAZAR AL DEMANDADO, NO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA QUE OPERE AQUÉLLA.
    Localización:
    [J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXVI, Septiembre de 2007; Pág. 5. 1a./J. 108/2007.

    Así que, hay que tener especial cuidado en los términos y saber, que no todo escrito que presentemos, (aunque así lo creamos) interrumpe el conteo de los días para decretar la caducidad de la instancia, pues la materia mercantil es de estricto derecho y dispositiva.

    Saludos.

    Atentamente:

    Andrea Raquel Suro Hernández.

    • Me parece de gran importancia tu aportación al blog; ya que, como había estado comentando en clase la maestra que, aún nos ve como muy a la ligera es verdad. La realidad es que muchas veces como en la vida cotidiana usamos miles de pretextos para aplazar las cosas y dejamos todo para después es así como nos acostumbramos y podemos creer que dentro de un juicio podemos hacer lo mismo.

      Es de gran importancia estudiar el caso en concreto, saber cual será tu estrategia de trabajo y para saberla, hay que revisar detenidamente todas aquellas leyes, reglamentos, tesis y jurisprudencias que puedan beneficiar o prejudicar a la parte que estar defendiendo.

      Yo desconocía esta información que acabas de proporcionar.

      y bueno un poco relacionado a lo tuyo… con lo de los emplzamientos me parece también de gran interés que, como parte litigante debemos revisar los documentos, que éstos traigan todos los requisitos de validez; como podría ser el de la notificación que debe estar firmada por el notificador y a la persona que se le notifica; para tales efectos les dejo una jurisprudencia que nos ayudará a entender un poco mas y ampliar nuestros conocimientos.

      Registro No. 164336
      Localización:
      Novena Época
      Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
      Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
      XXXII, Julio de 2010
      Página: 1769
      Tesis: VI.2o.C. J/320
      Jurisprudencia
      Materia(s): Civil
      EMPLAZAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. RESULTA ILEGAL
      SI A QUIEN SE PRACTICA NO FIRMA EL ACTA
      CORRESPONDIENTE POR NO SABER O NO QUERER HACERLO, Y
      EL DILIGENCIARIO SÓLO LA FIRMA POR SÍ, COMO PARTE DEL
      APARATO JUDICIAL Y NO LO HACE TAMBIÉN EN LUGAR DE LA
      PERSONA CON LA QUE ENTENDIÓ LA DILIGENCIA (APLICACIÓN
      SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS
      CIVILES).
      Del artículo 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable
      supletoriamente en términos del artículo 1054 del Código de Comercio,
      reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de
      junio de 2003, se infiere que las notificaciones deben ser firmadas por la persona
      que las hace (el diligenciario), y por aquella a quien se practica (la persona
      notificada), esto es, resulta obligatorio para ambos asentar su firma; empero, si la
      persona a quien se practica la notificación no firma por no saber o no querer
      hacerlo, el legislador previó que el notificador debe asentar esta circunstancia y,
      además, firmar; lo que lleva a concluir que en los casos en que la persona con
      quien se entendió la diligencia se negó a firmar, debe hacerlo por ella el
      notificador, asentando que la persona con quien practicó la notificación no quiso
      o no supo firmar, lo que a su vez conduce a establecer que deben obrar dos
      firmas del diligenciario, la que corresponde por sí, como parte del aparato
      judicial, que lleva a cabo la comunicación procesal, y la que hace en lugar de la
      persona con quien se entendió la diligencia, en virtud de que ésta no quiso firmar
      o no supo hacerlo. Por lo que, si en el acta de emplazamiento reclamado el
      diligenciario responsable asentó que firmaban él y la parte actora, pero no la
      persona con quien entendió la diligencia por negarse a hacerlo, y sólo obran dos
      firmas ilegibles que corresponden a los mencionados en primer término, entonces
      el llamamiento a juicio resulta ilegal.

      SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO
      CIRCUITO.

      Aunque, no se si se estén contradiciendo .. ya que dicen que no interrumpen el plazo y puede caducar, pero si nunca se emplazo no se tendrán las firmas requeridas de tal forma que entraría la jurisprudencia que ahora les dejo…

      o sería mas bien en el sentido de que si no se encuentra a la persona pues se señala que no estuvo nunca .. y yaa???

  6. Antes que nada agradecer por la creación de este espacio, el cual es de gran utilidad debido a los avances tecnológicos que hoy en día estamos viviendo y que nos pone una vez más a la vanguardia de otras universidades. Sin lugar a dudas este sitio revolucionara de manera importante el conocimiento correspondiente a materia Mercantil.

    Respecto a los enlaces arriba señalados a continuación dejo mi comentario:

    Como lo pudimos apreciar en los videos, El pasado 27 de enero de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio.

    Dichas reformas prevén la incorporación de la oralidad de los juicios en materia mercantil, particularmente para los procedimientos ordinarios, toda vez que éstos sin lugar a dudas son el mayor número de los existentes en los tribunales, y de los que se encuentra saturado el sistema judicial, y para lo cual estas, tendrán como principal objetivo el reducir los formalismos, requisitos y trámites inocuos atendiendo a una mejora regulatoria en beneficio del procedimiento judicial y la población.

    Al igual hacen mención de las principales características de dichos juicios entre los cuales sobresalen:

    • Sólo será empleado para los procedimientos ordinarios cuya suerte principal sea inferior a 220 mil 533 pesos 48 centavos.

    • Se observan como principios; los de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración.

    • Se dota al juez de los mecanismos de control y rectoría que le permitan llevar la mejor conducción del juicio. Se le otorgan facultades disciplinarias para mantener el orden en las audiencias, incluido el poder de mando de la fuerza pública; la limitación del acceso del público a las mismas; así como decretar recesos de estimarlo necesario, sin que ello implique dilación del procedimiento.

    • Se suprime la totalidad de las notificaciones personales, con excepción del emplazamiento, con la finalidad de agilizar el procedimiento y cuidando el respeto pleno a la garantía de audiencia. Asimismo, se tienen por hechas las notificaciones de los acuerdos pronunciados en las audiencias, aun cuando no acudan las partes.

    • Para la agilidad del desarrollo de las audiencias y acorde a la oralidad que impera en las mismas, se considera la incorporación tecnológica para su registro, sin que ello implique el desuso de otras formas establecidas de registro como son los medios tradicionales.

    • Se establece la figura de la audiencia preliminar, que tiene como propósito la depuración del procedimiento, mediante la conciliación de las partes con intervención directa del juez dicha audiencia tiene seis etapas: La depuración del procedimiento, la mediación y la conciliación; la etapa de fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos; la fijación de acuerdos probatorios; la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas y la citación para la audiencia de juicio.

    • La reforma también contiene adecuaciones respecto de los medios de solución de controversias alternativos, se reglamenta la intervención judicial y los requisitos que se deben observar cuando se solicite la remisión al arbitraje.

    • Los jueces podrán ordenar en el caso de procedimientos mercantiles a fin de hacer cumplir sus determinaciones, desde una amonestación hasta el arresto, con la posibilidad de ordenar el uso de la fuerza pública y el rompimiento de las cerraduras.

    • Cabe destacar que una de las novedades que ofrece a diferencia de la parte general del propio código, radica en el establecimiento de la garantía del acceso a la justicia en igualdad de condiciones, a personas con capacidades diferentes y a grupos vulnerables, mediante la designación de intérpretes a personas sordomudas, invidentes o que no hablen el idioma español, garantizando con ello el efectivo acceso a la justicia y protegiendo además el derecho de preservar las lenguas indígenas.

    Aunado a lo anterior, y después de hacer un análisis minucioso, se desprenden a mí entender 5 interrogantes de suma importancia: ¿Qué son los juicios orales? ¿A qué obedece la introducción de los mismos? ¿Con fundamento en que disposición legal se llevo a cabo la reforma del Código de Comercio el 27 de Enero del 2012? ¿Cuáles son los artículos que se reformaron o se adicionaron? ¿Ya tuvo lugar la primera audiencia oral en materia mercantil? De las cuales no se hace alusión al respecto en el contenido de los videos de este sitio, pero que me di a la tarea de investigar y a las que daré respuesta a continuación.

    1.- ¿QUÉ SON LOS JUICIOS ORALES?

    De acuerdo a un Artículo publicado por el Maestro Juan Carlos Ortiz Romero, el Juicio Oral es entendido de la siguiente manera:

    Suele definirse como “aquel que se sustancia en sus partes principales de viva voz ante el juez o tribunal que entiende en el litigio, sea éste civil, penal, laboral, contencioso administrativo, Mercantil, etc.”. A diferencia del juicio escrito, en el juicio oral las pruebas y los alegatos de las partes se efectúan ante el juzgador, por eso se señala que inmediación y oralidad deben estar estrechamente unidas en la recta administración de justicia, especialmente en materia penal, entre otras razones, por la publicidad de los debates… Conviene remarcar, en todo caso, que la oralidad de los juicios, establecida en la generalidad de los países que siguen el sistema acusatorio (nombre que también se da al sistema oral), puede adoptar la forma absoluta o bien la forma mixta, aunque esta última es muchas veces rechazada por la doctrina.

    2.- ¿A QUÉ OBEDECE LA INTRODUCCIÓN DE LOS MISMOS?

    La introducción de los Juicios Orales en México, obedece en gran parte de la influencia del Common Law, británico y estadounidense, el tratado de libre comercio, y otros factores, sobre todo tendrán como finalidad el de agilizar los procesos mercantiles, obtener sentencias en el menor tiempo posible, eliminar el mecanismo escrito y obstáculos de los juicios escritos, la carga de trabajo en los juzgados, la transparencia, predomina la oralidad e inmediatez, entre otros principios rectores que rigen la oralidad, en los juicios.

    De lo anterior se puede concluir que la reforma al Código de Comercio fue por influencia del sistema que se lleva en los países anglosajones, es decir, el common law, ya que se tiene la creencia de una agilidad en el proceso.

    3.- ¿CON FUNDAMENTO EN QUE DISPOSICIÓN LEGAL SE LLEVO A CABO LA REFORMA DEL CÓDIGO DE COMERCIO EL 27 DE ENERO DEL 2012?

    Dicha reforma tiene su fundamento en lo dispuesto en el Artículo 73 Fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:

    Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
    Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123[…]

    El Congreso de la Unión es el único facultado para legislar en materia de Comercio, ya que es de carácter Federal; es así que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que preside el priista Humberto Benítez Treviño aprobó por mayoría, la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código de Comercio con el fin de agilizar la solución de conflictos mercantiles, a través de juicios orales.

    4.- ¿CUÁLES SON LOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO QUE SE REFORMARON O SE ADICIONARON?

    El texto del decreto publicado el 9 de enero de 2012 es el siguiente:

    “DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio, en materia de juicios orales mercantiles.

    Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

    FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

    Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

    DECRETO

    “EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:

    SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN MATERIA DE JUICIOS ORALES MERCANTILES.

    ARTÍCULO ÚNICO.- se REFORMAN: el segundo párrafo de la fracción VI del artículo 1253; el primero y cuarto (actualmente segundo) párrafos del artículo 1339; el primer párrafo del artículo 1340; el primero y segundo párrafos del artículo 1390 Bis; el artículo 1390 Bis 1; el artículo 1390 Bis 6; el primero y segundo párrafos del artículo 1390 Bis 7, recorriéndose el actual segundo para quedar como tercero; el artículo 1390 Bis 8; el artículo 1390 Bis 9; el primero y segundo párrafos del artículo 1390 Bis 13; el primer párrafo del artículo 1390 Bis 18; el primer párrafo del artículo 1390 Bis 20; primero y tercer párrafo del artículo 1390 Bis 23; el primer párrafo del artículo 1390 Bis 26; la fracción V del artículo 1390 Bis 32; el artículo 1390 Bis 34; el segundo párrafo del artículo 1390 Bis 37; el primero y segundo párrafos del artículo 1390 Bis 38; el primer párrafo del artículo 1390 Bis 39; el primer párrafo, las fracciones I, II y III del artículo 1390 Bis 41; el primero y segundo párrafos del artículo 1390 Bis 42; el artículo 1390 Bis 43; el segundo párrafo del artículo 1390 Bis 45; el primero, segundo y tercer párrafos del artículo 1390 Bis 46; el primero y tercer del artículo 1390 Bis 47; el artículo 1390 Bis 48; el último párrafo del artículo 1390 Bis 49; primero, segundo y tercer párrafos del artículo 1414 Bis 9 y la fracción II del artículo 1467; se ADICIONAN: un tercer párrafo a la fracción VI del artículo 1253; un nuevo segundo y tercer párrafos al artículo 1339, recorriéndose los actuales segundo a séptimo para quedar cuarto a noveno; un tercer párrafo al artículo 1390 Bis 7; un segundo párrafo del artículo 1390 Bis 9; un segundo párrafo del artículo 1390 Bis 18; un tercer párrafo al artículo 1390 Bis 40, recorriéndose el actual tercero para quedar como cuarto; un segundo párrafo al artículo 1390 Bis 42, recorriéndose el actual segundo para quedar como tercero; un artículo 1390 Bis 50; un segundo y tercero artículos transitorios y se DEROGAN el segundo párrafo del artículo 1340; el tercer párrafo del artículo 1390 Bis; el segundo párrafo del artículo 1390 Bis 20; el tercer párrafo del artículo 1390 Bis 38, recorriéndose el actual cuarto al tercero; las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 1414 Bis 9, todos del Código de Comercio.

    5.- ¿YA TUVO LUGAR LA PRIMERA AUDIENCIA ORAL EN MATERIA MERCANTIL? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE?

    La respuesta es afirmativa, ya que la jueza Primera de Distrito Especializada en Juicios Mercantiles de Cuantía Menor, Rebeca del Carmen Gómez Garza, llevó la primera audiencia oral en materia mercantil el pasado viernes 23 de marzo en la Avenida Osa Menor, número 82, Colonia Ciudad Judicial Siglo XXI, en San Andrés Cholula, Puebla.

    La jueza Gómez Garza -quien por cierto aparece en el directorio del CJF como Jueza de Distrito del Juzgado Quinto del Centro Auxiliar de la segunda Región-, llevó la audiencia oral con las partes involucradas en una demanda por 35 mil pesos, que se reclaman por el pago de un vehículo que resultó ser robado. “Se trató de llevar a cabo la conciliación y la mediación”, explicó la jueza. “Sin embargo, esto no fue posible porque la parte demandada no quiso proponer ninguna garantía para que el pago se hiciera dentro de cuatro meses”. Y ante la falta de un acuerdo, el proceso continuará hasta que la juez dicte la sentencia respectiva.

    La sala de audiencias del Poder Judicial tiene espacio para al menos 20 personas que deseen asistir a presenciar los juicios, con la observación de que –por el momento-, no se pueden introducir cámaras, micrófonos ni grabadoras de audio o de imágenes e audiencia.

    En el recinto judicial hay un lugar destinado para el juez especializado, en cuyo escritorio cuenta con micrófonos con cuatro canales de audio: “el de la jueza, el de la parte actora, el de la parte demandada y el del testigo o perito; ese puede ser usado por varias personas que sean auxiliares en la administración de la justicia”. A su costado izquierdo se encuentra el secretario de acuerdos. Tanto el secretario como la jueza tienen a su alcance una computadora tablet, con la cual controlarán las cámaras y los micrófonos. Frente a la jueza se ubican dos escritorios, en donde se colocarán la parte actora acompañada de dos abogados, si es necesario.

    La sala cuenta también con una cámara de evidencia, a través de la cual se puede proyectar, por ejemplo, un dictamen pericial: “Para producir fe, las audiencias se registrarán por medios electrónicos, o cualquier otro idóneo a juicio del juez, que permita garantizar la fidelidad e integridad de la información, la conservación y reproducción de su contenido y el acceso a los mismos a quienes, de acuerdo a la ley, tuvieren derecho a ella”, dice Artículo 1390 Bis 26. Del Código de Comercio.

    El número de órganos jurisdiccionales de este tipo se irá ampliando a diversos lugares del país, conforme la disponibilidad presupuestal e inmobiliaria lo permitan. Por el momento el juzgado de Cholula, y otro en Cancún, son los únicos que cuentan con salas juicio oral, mientras que en el resto de la República, los jueces federales que conozcan de estos casos deberán desahogar dichas audiencias en sus instalaciones, y registrarlas electrónicamente por los medios que consideren adecuados.

    Terminare este pequeño artículo informativo con las siguientes:

    CONCLUSIONES

    I. ES UNA REFORMA QUE RESULTA DE ALTA DE GRAN UTILIDAD PARA LA AGILIDAD Y EFICACIA DEL SISTEMA PROCESAL EN MATERIA MERCANTIL, SIN EMBARGO, EN CUANTO AL NÚMERO DE ASUNTOS QUE POR SU CUANTÍA, DEBEN SER TRAMITADOS MEDIANTE PROCESO ORAL, ASI COMO QUE EL UNIVERSO DE BENEFICIADOS CON ESTA REFORMA ES MÍNIMA.

    II.- EL ESTABLECIMIENTO DE ESTE NUEVO SISTEMA PROCESAL ORAL PONE A MÉXICO A LA VANGUARDIA DE LOS PAISES DESARROLLADOS, SIN PERDER DE VISTA QUE TAMBIEN EXISTEN GRANDES RETOS, SIENDO EL CASO QUE LA MATERIA MERCANTIL ES DE CARÁCTER FEDERAL EN CUANTO A LA NORMA DE DONDE EMANA, SE TENDRA QUE CAPASITAR PAULATINAMENTE A TODOS LOS JUECES FEDERALES Y LOCALES, ASÍ COMO TAMBIEN A LOS DEL DISTRITO FEDERAL, PARA NO COMETER ERRORES EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN ESTE NUEVO SISITEMA QUE ENTRARA EN VIGOR EL PROXIMO 2013.

    MARIO ALBERTO SALDAÑA LIMÓN

  7. Aquí les dejo un documento… que estuve leyendo e investigando, el cual es tomado como un procedimiento especial, ya que las leyes mercantiles no nos señalan cuales son los requisitos que se deben cumplir; y por tener ciertas características deben seguir una serie de pasos.

    La figura de PRENDA tiene ciertas características que podemos analizar como es que si el deudor no cumple con la obligación el acreedor podrá estar reteniendo dicho bien para solventar los gastos de dicho incumplimiento.

    Así mismo me queda una duda… será posible que, en lugar de tramitar el proceso para que el acreedor se quede con el bien y así en automático se cumpla con lo pactado.
    Que pasa si el bien como quien dice se le regresa al deudor obligándolo a éste a que lo venda para cumplir con lo pactado; esta cuestión la hago por que pienso en el caso que el bien dado en prenda sea de cuantía mucho mayor al beneficio que recibió en su momento el deudor; por lo que no se me hace justo que si le prestan 20 pesos y da en prenda algo que vale 200; el acreedor como quien dice se adjudique el bien..

    o no va por ese lado?… creo que antes de aportar nuevos conocimientos, después de leer estoy sacando mis dudas…
    PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

    EJECUCIÓN DE PRENDA

    Es conveniente indicar que el procedimiento al cual se alude en este apartado es
    un procedimiento especial regulado en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito,
    específicamente en su art 34. Se lleva a cabo para obtener, por parte del órgano
    jurisdiccional (juez), la autorización correspondiente a fin de vender los bienes o
    títulos dados en prenda. ¿En qué momento se constituye una prenda para efectos
    mercantiles? El maestro Mario Bauche Garcíadiego señala que Vivante ha
    definido la prenda como el contrato por el cual el deudor o un tercero entregan al
    acreedor una cosa mueble, confiriéndole el derecho de hacerse pago sobre la
    misma con preferencia a los demás acreedores, si no se les satisface su crédito.’

    Como ya se dijo, la prenda en materia mercantil está regulada en el art 334 de la
    Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, que señala Art 334 En materia de
    comercio, la prenda se constituye:
    I Por la entrega al acreedor de los bienes o títulos de crédito, si éstos son al
    portador,
    II Por el endoso de los títulos de crédito en favor del acreedor, si se trota de títulos
    nominativos y par este mismo endoso y la correspondiente anotación en el
    registro, si los títulos san de los mencionados en el art 24;
    III Por la entrega al acreedor del título o del documento en que el crédito conste,
    cuando el título o crédito materia de la prenda no sean negociables, con
    inscripción del gravamen en el registro de emisión del título o con notificación
    hecha al deudor, según que se trate de títulos o créditos respecto de los cuales se
    exija o no tal registro;
    IV Por el depósito de los bienes o títulos, si éstos son al portador, en poder de un
    tercero que las partes hayan designado y a disposición del acreedor;
    V. Por el depósito de los bienes, a disposición del acreedor, en locales cuyas
    llaves queden en poder de éste, aun cuando tales locales sean de la propiedad o
    se encuentren dentro del establecimiento del deudor;
    VI Por la entrega o endoso del título representativo de los bienes objeto del
    contrato, o por la emisión o el endoso del bono de prenda relativo;
    VII Por la inscripción del contrato de crédito refaccionario o de habilitación o avío,
    en los términos del art 326;
    VIII Por el cumplimiento de los requisitos que señala la Ley General de
    Instituciones de Crédito, si se trata de créditos en libros.

    Los casos en que procede la ejecución de prenda son tres fundamentalmente.
    Estas hipótesis están contenidas en los arts 340, 341 y 342 de la Ley de Títulos y
    Operaciones de Crédito, que establece lo siguiente
    a) Cuando vence la obligación garantizada mediante prenda
    b) Si el precio de los bienes a títulos dados en prenda, baja, de manera que no
    baste a cubrir el importe de la deuda y en 20% más.
    c) Si el deudor no cumple la obligación de proporcionarle en tiempo los fondos
    necesarios para cubrir las exhibiciones que deban enterarse sobre los títulos.

    En caso de presentarse alguna de las hipótesis señaladas en el apartado anterior
    el acreedor puede ocurrir ante el juez competente y solicitar la EJECUCION DE LA PRENDA.

    SE INICIA con la presentación del escrito correspondiente.
    En virtud de que ni la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito ni el Código de
    Comercio indican las requisitos que debe contener el escrito inicial, se debe
    aplicar en forma supletoria el art 255 del Código de Procedimientos Civiles, el cual
    indica con precisión los requisitos que han de observarse.

    En la solicitud de ejecución de la prenda puede pedirse al juez fundamentalmente
    a) La autorización judicial para la venta del bien dado en prenda
    b) El cambio de depositario si el bien no se encuentra en poder del acreedor c) La
    entrega del bien
    b) El pago de los gastos y costas que se originen con la tramitación del juicio
    d) La designación de corredor que efectúe la venta a precio de mercado.

    Con la solicitud del actor se corre traslado al deudor, para que dentro del término
    de tres días se oponga a la venta. La oposición que oponga el demandado varía
    según la hipótesis que se haya presentado: si la solicitud de ejecución fue por
    vencimiento de la obligación, en la oposición a la venta deberá exhibirse el importe
    del adeudo. Si la ejecución se solicitó porque el precio de los bienes dado en
    prenda bajó de manera que no cubriera el importe de la deuda y un 20% más, o
    porque no se hubiese cumplido con las obligaciones de proporcionar los fondos
    necesarios para cubrir las exhibiciones que deban enterarse, la oposición deberá
    basarse en el pago de los fondos requeridos para efectuar la exhibición, o
    mejorando la garantía por el aumento de los bienes dados en prenda o por la
    reducción.

    Si el deudor no se opone a la venta, el juez mandará que se venda el bien por
    medio de corredor o de dos comerciantes. El producto de la venta será
    conservado en prenda por el acreedor en lugar de los bienes o títulos vencidos.
    Esta disposición, contenida en el art 341 de la Ley de Rtulos y Operaciones de
    Crédito, parece inentendible. Al respecto Joaquín Rodríguez Rodríguez señala:
    “Es realmente incomprensible este último precepto de la Ley de Títulos y
    Operaciones de Crédito, en cuanto que si la enajenación se hace para
    cumplimiento de la obligación, lo lógico es que el producto de la venta pase a
    poder del acreedor y no crear un valor de sustitución de una obligación ya vencida.

    Es importante hacer notar que en tales procedimientos, el acreedor prendario no
    puede hacerse dueño de los bienes dados en prenda sin el consentimiento del
    deudor por escrito y con posterioridad a la constitución de la prenda, en términos
    del art 344 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Igualmente cabe
    apuntar que contra la solicitud de venta de los bienes otorgados en prenda no
    procede el amparo indirecto.

    Finalmente y a fin de tener una idea más clara de lo indicado anteriormente, se
    transcribe una tesis de los tribunales colegiados que, si bien no constituye
    jurisprudencia, deja ver con claridad lo señalado en este apartado:
    Prenda. Solicitud de la venta de los bienes dados en. No constituye un acto que
    pueda reclamarse en juicio de amparo indirecto. La solicitud de la venta de los
    bienes dados en prenda, con que se inicia el procedimiento que establece el art
    341 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito y los actos que de dicho
    procedimiento deriven, no pueden considerarse ejecutados fuera de juicio, ni tal
    ejecución es de imposible reparación, dado que dicha solicitud es una
    consecuencia que deriva de la celebración del contrato de prenda, cuando se
    vence la obligación y el deudor no cubre el importe del adeudo, y por ello a tal
    contingencia se obliga dicho deudor al celebrar el contrato de mérito, debiendo
    señalarse en ese procedimiento, por no existir juicio, ya que en el mismo no puede
    ofrecer pruebas, ni se da contienda, y en consecuencia no se dicta ningún fallo
    que resuelva el fondo del negocio, por no plantearse ninguna litis, el tener como
    único objeto el procedimiento la venta de los bienes dados en prenda, no
    aplicándose el monto de la operación al pago, sino que viene a sustituir la garantía
    otorgada, y el multicitado deudor sólo puede oponerse a tal venta exhibiendo el
    importe del adeudo, siendo esta razón por la cual los actos reclamados no pueden
    ser analizados en el juicio de amparo, porque la violación de garantías emanará,
    en todo caso, del juicio que promueva el deudor, en el que se juzgue sobre la
    exigibilidad de la obligación principal, la nulidad, prescripción, pago parcial o total o
    cualquier otra causa que la hubiere extinguido total o parcialmente o aplazado,
    conservando de esta manera el mencionado deudor incólume la garantía de previa
    audiencia, sin que se contraponga a ello la circunstancia de que el art 46 de la Ley
    General de Organizaciones y Actividades de Crédito autorice a las organizaciones
    auxiliares a conservar en su poder el precio que cubra las responsabilidades del
    deudor, que podrá aplicarse en compensación del crédito, una vez que se haya
    realizado la venta de los bienes dados en prenda, dado que tal hecho no le impide
    al deudor hacer las reclamaciones conducentes en un juicio que en su caso
    promueva según se dijo con antelación. Ahora bien, aun cuando es verídico que
    no se verá en un nuevo juicio lo relativo a si estuvo o no bien la citación que se
    hizo en el procedimiento de venta, también lo es que sí podrá demandar al deudor
    el pago de daños y perjuicios que se le hubieren causado por la venta de los
    bienes dados en prenda, motivo por el cual se considera correcto el
    sobreseimiento en el juicio emitido por el juez federal, con fundamento en lo
    dispuesto por los arts 114, frac III y IV, 73, frac XVIII, y 74, frac III, de la Ley de
    Amparo.

    Amparo en revisión 372188. Guillermo de la Peña Burgos, 20 de abril de 1989.
    Unanimidad de votos. Ponente: Fernando A. Yates Valdez. Secretario: Marco
    Antonio Arredondo Elías.3

  8. Nuevo Marco Mercantil: Creación del Juicio Oral y Reformas en Materia de Sanciones Judiciales por Desobediencia e Impugnaciones

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    Actualidad Legal • 1 de marzo de 2011

    .

    El 27 de enero de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un decreto que, entre otras cuestiones, adiciona al Código de Comercio un título especial para establecer la regulación del Juicio Oral Mercantil, así como para incluir ciertas disposiciones en relación a los temas de medidas de apremio y apelación en asuntos de cuantía indeterminada.

    I). JUICIO ORAL MERCANTIL
    El título comprende cincuenta disposiciones que entrarán en vigor al año siguiente de su publicación, es decir, hasta el 27 de enero de 2012. El mencionado título se dividió en cuatro capítulos.

    El primer capítulo versa sobre disposiciones generales, donde destaca que solamente se tramitarán bajo el formato de Juicio Oral Mercantil, los asuntos de cuantía menor que no tengan una regulación especial en el Código de Comercio u otras leyes, como lo son por ejemplo, la vía ejecutiva mercantil prevista para aquellos juicios que tienen como fuente títulos ejecutivos como un pagaré o un cheque, etc.

    Así, se suprime el Juicio Ordinario Mercantil para los asuntos cuyo monto principal reclamado no sea superior a $220,533.48 (Doscientos Veinte Mil Quinientos Treinta y Tres Pesos 48/100 M.N.).

    En los otros tres capítulos se regula lo relativo al procedimiento, audiencias, pruebas e incidentes en el indicado Juicio Oral Mercantil.

    Destaca por ejemplo, que los litigantes deben asistir a las audiencias por conducto de representantes que cuenten con facultades expresas para transigir, lo cual hará irrelevante que alguna parte comparezca por conducto de un mandatario judicial como se acostumbra.

    En lo tocante a las pruebas, se modifica el formato para el desahogo de la confesional, toda vez que se establece que los pliegos de posiciones que al efecto produzcan las partes, no requieren tantas formalidades como se exige en otro tipo de juicios, circunscribiéndolos básicamente a que las preguntas se refieran a hechos propios del declarante y que sean materia del debate objeto del juicio, con lo cual ahora la confesional en el Juicio Oral Mercantil, guarda una gran similitud con la prueba de declaración de parte contemplada por algunas legislaciones procesales del país, como por ejemplo, las de Guerrero y Tlaxcala.

    Finalmente, para combatir determinaciones en un Juicio Oral Mercantil, sólo resulta procedente el Recurso de Revocación, puesto que el de Apelación es improcedente en asuntos de cuantía menor, lo cual se traduce en que contra la sentencia definitiva que se dicte en ese tipo de asuntos, sólo cabe el Juicio de Amparo Directo.

    II). MEDIDAS DE APREMIO
    La reforma incorpora con efectos al día siguiente de su publicación, el artículo 1067 Bis, que establece la posibilidad de que los Jueces en procesos mercantiles empleen medidas para hacer cumplir sus determinaciones, sin necesidad de acudir a la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles o los Código de Procedimientos Civiles locales, como ocurría desde la promulgación del Código de Comercio en el año de 1889.

    Estas medidas consisten, en: (i) Amonestación; (ii) Multa hasta por $6,000.00 (Seis Mil Pesos 00/100 M.N.); (iii) Uso de fuerza pública y rompimiento de cerraduras; o, (iv) Arresto hasta por un máximo de treinta y seis horas.

    III). EL RECURSO DE APELACIÓN EN ASUNTOS DE CUANTÍA INDETERMINADA
    Finalmente, también con efectos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, se adicionó el artículo 1339 Bis, mediante el cual se decreta que el Recurso de Apelación sí resulta procedente en los asuntos de cuantía indeterminada.

    Esto cierra el circulo respecto del debate que surgió entre los Tribunales Federales y Locales con motivo de las reformas realizadas al Código de Comercio conforme a los decretos del 17 de abril y 30 de diciembre de 2008, que gravitó en el hecho de que bajo el criterio de algunos Tribunales, el Recurso de Apelación era improcedente en asuntos de cuantía indeterminada, mientras que otros opinaban todo lo contrario, cuestión que por cierto, había sido remediada en septiembre de 2010, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras emitir una Jurisprudencia por Contradicción titulada: “APELACIÓN. RESULTA PROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS, AUTOS, INTERLOCUTORIAS O RESOLUCIONES DICTADOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO MERCANTIL, CUANDO EL MONTO DEL NEGOCIO RESULTE DE CUANTÍA INDETERMINADA”.

    Considero que todo reforma es buena!… Siempre y cuando la ley se aplique como se establece en la norma, sino aunque reformes una y mil veces sino la respetas no sirve de nada. O ustedes que opinan compañeros??..

  9. APELACIÓN PREVENTIVA
    Dispone el Artículo 1344. En los casos no previstos en el artículo 1345, la parte que se sienta agraviada por una resolución judicial que sea apelable, dentro del tercer día siguiente de aquél en que surta efectos su notificación, deberá hacer saber por escrito su inconformidad apelando preventivamente ésta sin expresar agravios; de no presentarse el escrito de inconformidad a que se refiere este párrafo, se tendrá por precluido el derecho del afectado para hacerlo valer como agravio en la apelación que se interponga contra la sentencia definitiva.

    Lo anterior es un ejemplo de la apelación de tramitación conjunta con la definitiva, ya que la parte que se sienta agraviada en sus derechos procesales puede utilizar el recurso de apelación preventiva, sin necesidad de expresar agravios, todas las apelaciones se tramitaran junto con la apelación que interponga contra resolución definitiva, para que se considere apelación preventiva es que exprese los correspondientes agravios en forma conjunta con los de la resolución definitiva, sino se hace se tendrá por precluido el derecho para hacerlo valer como agravio en la apelación que se interponga en contra de la definitiva.

    APELACIÓN PREVENTIVA DE TRAMITACIÓN CONJUNTA CON LA SENTENCIA DEFINITIVA. LA EXPRESIÓN DE AGRAVIOS CORRESPONDIENTE, DEBE EFECTUARSE MEDIANTE ESCRITO POR SEPARADO (ARTÍCULOS 1339 Y 1344 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, REFORMA PUBLICADA EL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL OCHO).
    De la interpretación de los artículos 1339 y 1344 del Código de Comercio, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil ocho, que establecen el trámite de la apelación en efecto devolutivo de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, se desprende que si bien al momento de interponer ese recurso no se deben expresar los agravios en contra de la determinación apelada, sí deben expresarse en escrito por separado al hacer valer el recurso respectivo en contra de la sentencia definitiva, porque las apelaciones preventivas de tramitación conjunta con la sentencia definitiva son relativas a violaciones procesales, mismas que por regla general tienen por objeto la reposición del procedimiento, de lo que no se puede ocupar la sentencia definitiva. De modo que aun cuando se deben analizar de manera conjunta con la apelación en contra de ésta forman toca por separado, pues su análisis es previo al de los agravios expuestos contra el fondo del asunto, en razón de que el sentido en que se resuelva la apelación preventiva puede influir en la primera.
    NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

    Amparo directo 479/2011. Arco Soluciones Inmobiliarias, S.A. de C.V. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Horacio Escudero Contreras. Secretaria: Ma. del Carmen Meléndez Valerio.

    El legislador en la exposición de motivos, explico que la apelación preventiva tiene por finalidad agilizar el proceso mercantil, debido a que esta figura procesal que mostró sus bondades en los procedimientos de arrendamiento en el Distrito Federal y que hoy ha tenido también resultados positivos en materia mercantil. De igual manera se estableció la inapelabilidad de asuntos cuya suerte principal fuera inferior a 500,000 pesos, dejando al gobernado en aptitud de proceder a solicitar juicio de amparo, como mecanismo de combate a la resolución. Cabe precisar que se estableció una fórmula puntual para efecto de indexar esta cantidad y que ésta incremente en términos de la inflación.
    Estas disposiciones han dado frutos, pues se ha reducido el trabajo de los Tribunales de alzada -principalmente en el ámbito local- en más del 30%, con lo cual, los recursos presupuestales asignados a los Poderes Judiciales locales pueden ser focalizados a atender otro tipo de necesidades.
    Mas sin embargo considero que el legislador debe ser más claro en cuanto a esta disposición, ya que el Código de Comercio, no establece de manera clara disposiciones para la aplicación de la apelación preventiva, ni contra que procederá. Siendo así, un recurso confuso para los litigantes aplicándolo en algunos casos de manera incorrecta.

    Espero sea de ayuda.
    Jessica Michelle Huerta Dueñas.

  10. Al parecer resulta imposible subir un archivo directamente al blog o crear un nuevo topico para postear contenido o al menos, no encontre la forma para hacerlo sin ser el administrador.

    Les dejo un articulo que me parecio bastante interesante, me di a la tarea de transcribirlo, pasarlo a word, subirlo a un servidor y poder compartirlo con ustedes compañeros mediante el enlace que aparece al final del comentario! El articulo habla sobre la confesion ficta que opera en perjuicio del actor en los juicios mercantiles ejecutivos en tratandose de titulos de credito, es bastante interesante, al menos a mi parecer, pues entre otros puntos abre una brecha de defensa para quienes en algun supuesto podriamos estar defendiendo al demandado que adeuda el pago y no tenemos suficientes medios de defensa.

    El enlace los dirige a una pagina de descarga para bajar el archivo, este está libre de virus, yo mismo lo hice ( por si alguien se lo preguntaba), espero que les interese y les sirva como lo hizo conmigo.

    Saludos Compañeros!!!

    Enlace de descarga: http://www.mediafire.com/view/?582l3kjf55lb3z1

  11. hola compañero que tal!¡!¡! por ahi aprovecho este medio para comentarles que el otro día platicando con unos compañeros salió el tema de la prescripción de la ejecución de la sentencia un tema un tanto curioso debido a q en la ley marca se marcan dos términos uno genérico y otro especifico fue muy comentado esto (entre nosotros) ahora yo les pregunto a ustedes q opinan debido a q en nuestro sistema jurídico, encontramos que a efecto de hacer exigible un derecho subjetivo, tenemos que accionar el quehacer jurisdiccional a través del Poder Judicial.

    Lo antes mencionado radica en quel, el Código de Comercio, señala el término de 10 años de manera genérica para ejecutar las sentencias, según lo dispuesto en el artículo 1047, sin embargo, el artículo 1079 fracción IV, establece un plazo menor al genérico, tratándose de sentencia emitidas en juicios ejecutivos mercantiles, siendo éste de 3 años.

    Ello significa que el vencedor en un juicio ejecutivo mercantil tiene el término de tres años para ejecutar la sentencia, partiendo del hecho de que existe un dispositivo específico que habla sobre los juicios ejecutivos mercantiles, debiendo ser considerado éste sobre aquel que señala un término genérico en materia mercantil, siendo oponible a este, al transcurrir el término de tres años, lo que puede crear al cabo de ese tiempo, un derecho subjetivo a la parte originalmente vencida en juicio, a invocar la prescripción de la ejecución de la sentencia.

    Debido a esto me puse a buscar alguna jurisprudencia y cual fue mi sorpresa que se ha confirmado mediante Jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 1a./J. 99/2010 bajo el rubro Ejecución de sentencia derivada de un juicio ejecutivo mercantil, aunque en esta encontramos una contradicción de tesis en cuanto que si es prescripción o bn preclusión. Llegando al fin de que se trata de un incidente de prescripción les dejo el dato para que lo vean.

    Por lo tanto, si una sentencia no ha sido ejecutada en un término de tres años, posteriores a que haya causado ejecutoria, el derrotado en juicio, puede solicitar en vía de acción, el respeto a ese derecho subjetivo mediante la formulación de un incidente de prescripción de la ejecución de la sentencia. Aunque con todo esto, creemos que es necesario considerar la existencia o no de actuaciones que puedan ser aptas para interrumpir el término de la prescripción; ya que aún existiendo actuaciones en el juicio principal en el período de tres años, estas deben de ser analizadas por aquel que pretende formular el incidente de prescripción, a efecto de establecer la viabilidad de su pretensión; en el entendido que, si de las constancias de autos se delata que lo actuado posterior a la ejecutoria de la sentencia, no tiene por efecto tratar de ejecutar la sentencia emitida, resulta ineludible que tales actuaciones no deben ser consideradas aptas para interrumpir el término de la prescripción de la ejecución de la sentencia.

    OH USTEDES QUE OPINANA¡!¡

  12. Hola, maestra y compañeros, antes que nada quisiera agradecer por este medio interactivo que nos facilita y une mas a los compañeros, ya que nos ayuda a compartir conocimientos, dudas e intereses específicos sobre la materia.

    Estaba recordando la clase que tuvimos en días pasados y que un compañero nos expuso la prueba pericial y hasta donde entendí, el perito al realizar el peritaje debe únicamente basarse en el cuestionario que el oferente presentó para poder demostrar algún punto sobre la demanda o contestación de la demanda; pensando en esto me puse a buscar jurisprudencias y encontré una muy reciente que nos dice que cuando hay un tercer perito o perito en discordia es decir, que hubo grandes diferencias entre los peritos de las partes el juez nombra a un perito tercero para que realice su debido estudio, y dice que aquí si procede que el perito tercero no se base solamente en el formulario propuesto por la parte, sería entonces esto una excepción a la regla general o sólo es para que el perito en discordia pueda resolver de la manera mas acertada a lo que se pretende demostrar o no y por eso la ley le otorga está facultad?, enseguida les dejo la jurisprudencia:

    [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2; Pág. 1295
    PERITOS TERCEROS EN DISCORDIA EN EL JUICIO MERCANTIL. SU DICTAMEN NO DEBE LIMITARSE AL CUESTIONARIO FORMULADO POR EL OFERENTE DE LA PRUEBA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 36/2000).

    De los preceptos que regulan la prueba pericial y, concretamente, del artículo 1255 del Código de Comercio se advierte que cuando los dictámenes rendidos por los peritos nombrados por las partes resulten sustancialmente contradictorios, de modo que el Juez considere que no es posible encontrar conclusiones que le aporten elementos de convicción, dicho juzgador podrá designar un perito tercero en discordia. Por tanto, atendiendo a que la discordia se produce en el momento en que existe una oposición o desavenencia de voluntades u opiniones, el nombramiento de dicho perito tercero constituye la última fase del desahogo de la prueba pericial y, por ello, dicho profesional tiene como función ilustrar al Juez, aclarando las cuestiones oscuras de los otros peritajes rendidos, sin resolver en abstracto el problema planteado, sino atendiendo a las respuestas dadas por los otros peritos, declarando motivado éste, sobre la discordia generada en sentido técnico y no como árbitro, aportando los elementos adicionales necesarios a efecto de ilustrar al Juez para que pueda resolver, con base en sus conocimientos, los cuestionarios de las partes, y debe acreditar tener conocimiento en la ciencia, técnica o arte sobre el cual versará su dictamen y estar autorizado para emitirlo, protestar su desempeño, y rendir su dictamen, al no existir motivo para establecer que esté sujeto a un régimen procesal distinto del que atañe a los peritos de las partes; lo anterior no se contrapone con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/99, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 36/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 163, de rubro: “PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO LABORAL. EL PERITO TERCERO EN DISCORDIA DEBE RENDIR SU DICTAMEN SUJETÁNDOSE AL CUESTIONARIO FORMULADO POR EL OFERENTE DE LA PRUEBA.”, toda vez que la cuestión debatida se analizó a la luz de la legislación laboral y el estudio se concretó a determinar si los peritos terceros en discordia deben contestar el interrogatorio que formularon las partes para los peritos que ofrecieron, o limitarse a contestar un cuestionario diverso, sin establecer que su función fuera dictaminar sujetándose al cuestionario formulado por el oferente de la prueba, de lo que se sigue que es inaplicable al criterio que sustenta la Sala.

    PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

    Amparo directo 195/2011. Semmaterials México, S. de R.L. de C.V. 16 de junio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Zayas Roldán. Secretario: Roberto Alfonso Solís Romero.
    Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 57/99 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, mayo de 2000, página 671.

  13. Estaba buscando algo que pudiese interesarme mas de la materia, y cómo mi especializante en la facultad es Internacional decidí buscar algún artículo que hable sobre el derecho Mercantil a nivel internacional, como sabemos el comercio desde tiempos muy remotos es prácticamente lo que nos ha unido o separado de los países del mundo, ya que por este tipo de relaciones se crean conflictos verdaderamente importantes y también podemos ver que a falta de esta relación comercial como afecta a diversos países que se encuentran en vías de desarrollo; por eso es interesante saber que existe una Comisión Internacional perteneciente a la ONU que regula esta materia para los conflictos que surjan a nivel internacional.

    Les dejo aquí un articulo que habla un poco sobre está comisión.

    Derecho Mercantil Internacional

    La codificación de esta esfera es sumamente importante para facilitar el comercio internacional por medio de convenciones, leyes modelo, normas y guías jurídicas.

    El trabajo en esta rama del derecho internacional corre a cargo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), establecida en 1966 por la Asamblea General. Cuenta con 36 naciones que representan a los principales sistemas económicos y jurídicos.

    La Subdivisión de Derecho Mercantil Internacional de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas funge como secretaria de la Comisión.

    Dentro de la labor de la CNUDMI ha sido relevante la elaboración de textos que incluso han sido pilares en diversas esferas. Entre los que se mencionan algunos a continuación:

    Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de Mercaderías (1980)
    Ley Modelo de la CNUDMI sobre arbitraje comercial internacional (1985)
    Reglamento de arbitraje de la CNUDMI (1976)
    Reglamento de Conciliación de la CNUDMI (1980)
    Convenio de las Naciones Unidas para el Transporte Marítimo de Mercaderías (“Reglas de Hamburgo”, 1978)
    Guía Jurídica de la CNUDMI para la redacción de contratos internacionales de construcción de obras industriales (1988)
    Guía Jurídica para las operaciones de comercio compensatorio internacional (1992)
    Convención de las Naciones Unidas sobre las Garantías Independientes y Cartas de Crédito Contingente (1995)
    Ley Modelo de la CNUDMI sobre la insolvencia transfronteriza (1997)

    Actualmente se encuentra trabajando en la preparación de una guía legislativa sobre proyectos de infraestructura con financiación privada, que orientará a los Estados para legislar sobre este tema; la preparación de un reglamento en relación con aspectos específicos de las firmas numéricas y las entidades certificadoras; la compilación y publicación de la jurisprudencia de los textos de la CNUDMI; y un proyecto de convención sobre el financiamiento mediante efectivos a cobrar, que facilitará la disponibilidad de créditos a menor costo.

    atentamente.
    Jessica Dinorah Fonseca Rojas

  14. Hola hola, yo les dejo una jurisprudencia respecto al periodo probatorio ;)
    Novena Época
    Registro: 171682
    Instancia: Primera Sala
    Jurisprudencia
    Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
    XXVI, Agosto de 2007,
    Materia(s): Civil
    Tesis: 1a./J. 99/2007
    Página: 266

    PERIODO PROBATORIO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SU APERTURA ES FORZOSA PARA EL JUEZ. Las normas que regulan el juicio ejecutivo mercantil se rigen por los principios de interés general y obligatoriedad del proceso, de acuerdo con los cuales son disposiciones de orden público que deben cumplirse, salvo que la ley expresamente permita lo contrario. Lo anterior significa que los procedimientos legalmente establecidos no pueden alterarse o modificarse por la voluntad de las partes o del juzgador, sino que deben seguirse todas las etapas establecidas por la ley para cada uno de ellos, a fin de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales garantizan la adecuada defensa de las partes. Ahora bien, dentro de estas formalidades se encuentra el periodo probatorio, en el cual se admiten y desahogan las pruebas ofrecidas por las partes, y pueden objetarse, en virtud de que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 157/2006-PS estableció que la objeción de documentos prevista en el artículo 1247 del Código de Comercio no puede plantearse como un acto procesalmente válido al contestar la demanda, sino que ello debe hacerse durante la apertura del periodo probatorio. En congruencia con lo anterior, se concluye que en los juicios ejecutivos mercantiles no es optativo para el juez abrir el periodo probatorio, sino que debe hacerlo forzosamente aun cuando sólo se hayan ofrecido pruebas que se desahogan por su propia y especial naturaleza -como la documental, la instrumental de actuaciones o la presuncional, entre otras-, pues de lo contrario no sólo se contravendría el mencionado principio de obligatoriedad, sino que al no respetarse las formalidades esenciales del procedimiento también se violaría la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    Contradicción de tesis 6/2007-PS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 30 de mayo de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza.

    Tesis de jurisprudencia 99/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha trece de junio de dos mil siete.

    Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 157/2006-PS citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de 2007, página 226.

  15. les dejo otra jurisprudencia de las pruebas en el juicio ejecutivo…

    Novena Época
    Registro: 186922
    Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
    Jurisprudencia
    Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
    XV, Mayo de 2002,
    Materia(s): Civil
    Tesis: VII.1o.C. J/13
    Página: 1043

    JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, PRUEBAS EN EL (ALCANCE E INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1201, 1401 Y 1061, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO). De conformidad con los artículos 1201 y 1401 del Código de Comercio, en los escritos de demanda, contestación y desahogo de vista de ésta, en tratándose de juicios ejecutivos mercantiles, las partes deberán ofrecer sus pruebas para que se admitan y desahoguen dentro del término probatorio respectivo, pero tales preceptos legales se refieren a las probanzas por constituir, es decir, a las que se elaboran o reciben durante la dilación probatoria, en donde la contraparte tiene la oportunidad y el derecho para objetarlas; pero desde luego ello no atañe a las pruebas preconstituidas, como es el caso de los documentos base de la acción ejercitada o de las excepciones opuestas, pues éstas, con apoyo en el numeral 1061, fracción III, de dicha codificación mercantil, sólo deben presentarse y constar en el juicio para que sean tomadas en consideración por el juzgador, sin necesidad de su ofrecimiento.
    PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

    Amparo directo 163/2000. Armando Herrera Espinoza. 9 de marzo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Amado Guerrero Alvarado. Secretaria: Alicia Cruz Bautista.

    Amparo directo 1431/2000. Florisa Torres de Pérez. 10 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Amado Guerrero Alvarado. Secretaria: María Esther Alcalá Cruz.

    Amparo directo 435/2001. Jorge Morales Mora. 30 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Clemente Gerardo Ochoa Cantú. Secretaria: Keramín Caro Herrera.

    Amparo directo 507/2001. Martha Elizabeth Idelfonso. 27 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Amado Guerrero Alvarado. Secretaria: María Esther Alcalá Cruz.

    Amparo directo 229/2002. Carlos Hoyos Ramírez. 20 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Amado Guerrero Alvarado. Secretaria: María Esther Alcalá Cruz.

  16. Les dejo un nota publicada el dia 28 de enero del 2012 por el periodico EL UNIVERSAL, me parece interesante y hace referencia a lo que mencione comentarios anteriores.

    La demora de los gobiernos estatales para establecer el sistema de juicios orales mercantiles, más la prórroga de última hora que les concedió el Congreso, dejó nuevamente la responsabilidad de ejecutar la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), que este 28 de enero pondrá en marcha dos juzgados especializados.

    Los dos nuevos órganos jurisdiccionales, ubicados en Puebla y Quintana Roo, forman parte de un total de 36 que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) planeó instalar para cumplir con la reforma al Código de Comercio, aprobada el 27 de enero de 2011, explicó el consejero César Jáuregui Robles.

    Sin embargo, la prórroga de año y medio concedida a los tribunales de justicia locales para aplicar la reforma, además de generar un desfase en el establecimiento de los juicios orales, obligará al PJF a acelerar la creación de estos juzgados especializados, para estar en condiciones de atender la demanda, reconoció en entrevista con EL UNIVERSAL.

    “Nos hubiera gustado, y estoy seguro que no sólo hablo a título personal, sino a nombre del Consejo de la Judicatura, que esa misma situación de beneficencia o de prórroga se hubiera extendido a los órganos del Poder Judicial Federal, pero, no siendo el caso, nosotros habremos de cumplir con la norma”, expuso.

    La prórroga permite a los tribunales del fuero común aplazar la entrada en vigor de la reforma hasta el 1 de julio de 2013, lo que en la práctica trasladará al ámbito federal la carga de trabajo prevista para ambas instancias en los juicios mercantiles que involucren montos de capital de hasta 500 mil pesos, sin incluir intereses ni recargos.

    “No sabemos el tamaño de la carga que se viene encima, sobre todo porque se incrementa la cuantía sobre la cual van a conocer los tribunales federales (inicialmente la disposición era para litigios de 220 mil 533 pesos), pero, dada la cerrazón que se va a dar con los órganos del fuero común, no estamos en condiciones de hacer una previsión”, dijo.

    Sin embargo, la reforma de 2011 al Código de Comercio, planteada para dar mayor celeridad a los juicios mercantiles, hará que un gran número de casos lleguen al ámbito federal, pues el procedimiento oral no prevé la apelación, por lo que las inconformidades con las sentencias se plantearán directamente a los tribunales colegiados, vía amparo.

    Los dos nuevos juzgados especializados estarán ubicados en Cholula, Puebla, entidad en la que, por una reforma local, ya funcionan los juicios orales en materia mercantil, y en Cancún, Quintana Roo. Ambas órganos se crearon en función de la demanda, explicó Jáuregui.

    Una parte del problema: Cossío

    Sobre la prórroga para que los tribunales del fuero común conozcan de juicios orales en materia mercantil, el ministro consideró que, además de que no se cumplirá con la concurrencia, generará una enorme carga de trabajo para los tribunales colegiados del país, pues el procedimiento oral no contempla la apelación.

    “Si no hay apelación, todos los juicios mercantiles del país suben a los colegiados, que de por sí tienen enormes cargas de trabajo, porque revisan todos los amparos directos, todas las revisiones, o la mayoría, de los unitarios y, además la Suprema Corte descarga en ellos, por diseño constitucional, una gran cantidad de asuntos”, explicó.

    Las consecuencias de la prórroga, destacó, serán que si una persona quiere llevar un juicio mercantil oral lo va a presentar ante un juez federal y si quiere el proceso escrito lo llevará al fuero común, generándose dos tipos de procedimientos, dos velocidades, dos lógicas distintas en una misma materia.

    “Tenemos una gran cantidad de temas en los que se han hecho reformas parciales, algunas de enorme importancia, pero no se han acabado de desarrollar con la legislación, con las medidas administrativas.

    “Todo está en una situación de impasse, no se están concluyendo las cosas y nos estamos acercando a los momentos en los que el sistema judicial empiece a hacer crisis o aumente su situación de crisis”, advirtió.

  17. Hola compañeros!

    Les dejo una informacion que me parecio interesante, tal vez muchos ya esten esterados de esta reforma al Codigo de Comercio pero apuesto ha que hay alguno que todabia no tienen idea de lo que se trata.

    Reforma al Código de Comercio sobre “Juicios Orales en Materia Mercantil”

    Uno de los temas más destacados de las últimas reformas al Código de Comercio es, sin duda, la implementación de la oralidad en los Juicios en materia mercantil.

    El año pasado, en fecha 27 de enero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan algunas disposiciones del mencionado código. En dicha reforma se adicionó un Título Especial denominado “Del juicio oral mercantil” que comprende del artículo 1390 Bis al 1390 Bis 49.

    Cabe destacar que el objeto principal de ésta reforma es la inmediatez con la que se pretende brindar celeridad en la sustanciación de los juicios ante los tribunales en materia mercantil, brindando con ello justicia más expedita.

    Dentro de esta modalidad oral, se sustanciarán sólo los juicios ordinarios, exceptuando los de tramitación especial. Serán objeto toda contienda cuya suerte principal sea inferior a 220 mil 533 pesos con 48 centavos. Con estos cambios, se pretende que imperen los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. También se otorga al juez amplias facultades de dirección procesal para decidir en forma pronta y expedita.

    Las audiencias y diligencias de desahogo de pruebas deberán ser presididas por el juez. Las promociones de las partes deberán de presentarse en la misma audiencia de forma oral. Las notificaciones personales serán suprimidas, excepto por el emplazamiento, debido a la importancia que representa, será siempre notificado personalmente.

    Se establece también, una audiencia preliminar, con el propósito de depurar el procedimiento a través de la conciliación entre las partes con la intervención directa del juez, y una audiencia de juicio, donde, de no darse la conciliación, se procederá al desahogo de las pruebas debidamente admitidas y se concederá un tiempo para que las partes formulen sus alegatos. Posteriormente, el juez citará para sentencia en un término de diez días. En dicha fecha, el juez expondrá brevemente y de forma oral, los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron su sentencia y leerá los puntos resolutivos.

    La presente reforma, respecto al “Juicio Oral Mercantil”, entró en vigor el día 27 de enero de 2012.

  18. Ojalá que el presente comentario más que reflejar una crítica o análisis respecto de un tema en particular, nos pueda ayudar para el caso en el que se les presente en la práctica un asunto igual o similar, y resolverlo de manera acertada.

    Considero que si habría de fijar un título para el tema que abordaré, sería; “LA EJECUCION DE GARANTIAS HIPOTECARIAS MEDIANTE JUICIOS MERCANTILES”

    La presente cuestión es muy frecuente en la práctica mercantil tratándose de juicios relacionados con el incumplimiento de Contratos de Apertura de Crédito y Garantía Hipotecaria otorgados por instituciones de crédito, ya que, es a través precisamente de ésta vía en la que tales instituciones pretenden hacer valer, además de las acciones personales derivadas de dichos contratos; acciones reales como lo es la hipotecaria, aplicando de manera absurda e ilegal el DEROGADO artículo 72 de la Ley de Instituciones de Crédito, ya que el mismo, anterior a la reforma del seis de Junio del año 2003 mediante la cual fue derogado, facultaba a dichas instituciones para que ejecutasen las garantías reales mediante la vía que consideraran apropiada, es decir, gozaban del privilegio de hacerlas valer a través de un juicio mercantil ordinario, ejecutivo, o en su caso mediante la vía civil.

    Es así, como en la actualidad al parecer algunos Juzgadores en materia mercantil desconocen que tal arábigo se encuentra suprimido de la legislación actual, toda vez que atendiendo a la naturaleza de una garantía real como lo es la hipoteca, ésta únicamente puede ser factible de ejecutarse a través de una acción civil, es decir, a través de la acción civil hipotecaria, sin embargo, dichos Juzgadores al conocer de un juicio mercantil ordinario cuyo documento fundatorio de la accion radica en un Contrato de Apertura de Crédito cuyo cumplimiento es garantizado con una hipoteca, resuelven inexacta e ilegalmente respecto de ésta última concediéndole al acreedor y en su caso actor dentro del juicio, la ejecución de tal garantía a efecto de que el bien o los bienes sobre los que recae dicho gravamen, puedan ser rematados o bien adjudicados a favor del mismo acreedor mediante un procedimiento equívoco que no corresponde a la naturaleza de tal ejecución.

    Así pues, al respecto se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no es factible ejecutar una garantía hipotecaria a través de un juicio diverso al civil hipotecario, criterio que ha sido establecido mediante la siguiente tesis de jurisprudencia firme que se transcribe a continuación :
    [J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXV, Junio de 2007; Pág. 155
    TERCERO EXTRAÑO. EN UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL SEGUIDO EN CONTRA DEL DEUDOR QUE GARANTIZÓ EL ADEUDO CON UNA HIPOTECA. TIENE ESE CARÁCTER EL ADQUIRENTE DEL BIEN HIPOTECADO QUE SE LE TRANSMITIÓ CON ANTERIORIDAD AL INICIO DEL MISMO.
    Si se inicia un juicio ordinario mercantil en contra de quien transmitió la propiedad hipotecada y en ese procedimiento se embarga el bien transmitido con anterioridad al inicio de tal litigio, el adquirente no tiene el carácter de causahabiente del demandado sino de tercero extraño a tal juicio, aun a pesar de la hipoteca y de que hubiere tenido conocimiento de la misma, pues debe destacarse que en esta clase de juicios lo que se persigue es una acción personal en contra del demandado en la que nada tiene que ver la hipoteca ni mucho menos el adquirente del bien. Para que el adquirente pudiera considerarse causahabiente del demandado en estos supuestos, tendría que habérsele transmitido la propiedad después de iniciado el juicio o trabado el embargo, pues la sola circunstancia de que el bien embargado también se encuentre hipotecado, no justifica que en un procedimiento iniciado por una acción personal en la que el objeto del embargo sean bienes propiedad del deudor, se pretenda hacer efectiva la garantía hipotecaria, la cual es de carácter real, por lo que sólo persigue al bien, con independencia de quién sea el deudor. De esta manera, si lo que se pretende es hacer efectiva la garantía hipotecaria, se tendrá que recurrir necesariamente a la vía establecida por la ley para ello, es decir, a la acción hipotecaria y, en estos casos, el nuevo adquirente podrá ser causahabiente de quien le transmitió la propiedad con anterioridad a ese procedimiento, si es que el acreedor no tuviera conocimiento de tal transmisión; pero en caso de que el actor sí tenga conocimiento de la misma, el nuevo adquirente no tendrá el carácter de causahabiente sino de demandado o codemandado ya que la ley establece que cuando se intenta esta clase de juicio se debe demandar a quien aparece como propietario en el Registro Público de la Propiedad. En conclusión, no es jurídicamente factible que se pretenda hacer efectiva una garantía hipotecaria a través de un juicio distinto del hipotecario, por lo cual, en ese caso, el nuevo adquirente del bien hipotecado tendrá el carácter de tercero extraño en los juicios distintos del hipotecario.
    Contradicción de tesis 83/2006-PS. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 8 de noviembre de 2006. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza.

    Tesis de jurisprudencia 63/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticinco de abril de dos mil siete.

    Bajo esa tesitura, la recomendación es que si pretenden ejercitar acciones personales derivadas de un contrato de crédito con garantía hipotecaria como por ejemplo: el vencimiento anticipado del mismo, el pago del capital vigente, el pago de primas de seguros y demás accesiones, éstas podrán ser susceptibles de reclamarse a través de la vía mercantil, no así la ejecución de la garantía hipotecaria constituida a favor del acreditante y derivada de dicho contrato, ya que como se ha venido señalando, ésta solo puede ser susceptible de ejecutarse a través de la vía establecida para ello, es decir, mediante un juicio civil sumario hipotecario o en su caso ordinario si es que la vía privilegiada para tal efecto se encuentra caduca de conformidad con el arábigo 669 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad.

    De antemano agradezco la lectura que le hayan servido al presente y se agradecen los comentarios y críticas al respecto.

    Antonio de Jesús Núñez Figueroa.

  19. De lo expuesto en clase sobre la EJECUCION DE LAS SENTENCIAS puedo resumir que las decisiones relativas a la ejecución le corresponde al juez que dicto la sentencia (art. 1346 CCo.) pero, con aplicación de la ley supletoria de la ley de procedimientos local respectiva, requiriéndose el auxilio, judicial del órgano jurisdiccional que tenga poder material sobre personas o cosas dentro de su jurisdicción.
    Así mismo, cuando se pida la ejecución si no hay bienes embargados se procederá al embargo; sin embargo es pertinente, CONSIDERAR QUE NO TADAS LAS SENTENCIAS LLEVARAN AL EMBARGO COMO ES EL CASO de las obligaciones de hacer o de dar que no se refieran a pago de una suma de dinero.
    Debemos tomar en cuenta que cuando las sentencias y resoluciones dictadas en el extranjero podrán tener fuerza de ejecución siempre que se cumplan las condiciones que el articulo 1347-A nos señala; lo cual puedo resumir a grandes rasgos que dicha sentencia o resolución debe contener: Cumplir con formalidades establecidas en los tratados, no dictados por el ejercicio de una acción real, el sentenciador sea juez competente y que cumpla con las reglas compatibles por este código, el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal, que dicha obligación no sea contraria al orden público en México, que tenga requisitos para ser considerados como auténticos, entre otras.
    Así pues, considero que el legislador hiso que la ley, como protectora de la ciudadanía, haya cumplido con estipular dentro de un artículo las obligaciones que dichas resoluciones o sentencias deben cumplir para que no vayan en contra de nuestros principios, valores y mucho menos alterar el orden público. Y me parece demasiado prudente, porque de lo contrario una ley extranjera estaría por arriba de la nuestra; con lo cual quitaría esa soberanía que tenemos como Nación. Además este artículo habría que analizarlo de fondo para ver si en realidad dentro de los procesos que se llevan a cabo se han cumplido cada una de las condiciones y si dichos tratados realmente no violan alguna ley mexicana.

  20. Dentro de los juicios mercantiles una figura que me parece digna de valorar son las tercerías, que son la intervención de un tercero en un juicio ejercitando en este el derecho de acción procesal ya sea voluntario o forzosa. Las clases de tercerías pueden ser: coadyuvantes y excluyentes de dominio y de preferencia.
    El coadyuvante nace por la necesidad de que el tercero ayude a algunas de las partes en sus pretensiones colaborando con el actor o el demandado en el ejercicio de las acciones o las excepciones echas valer para cada uno de ellos; mientras que el excluyente serán todos aquellos que no ayuden a alguna de las partes; así mismo al tercero que se presenta a deducir otra acción distinta a la que se debate entre las partes este será un tercer opositor
    Esta figura puede oponerse en cualquier juicio, sea cual fuere la acción que se esté ejercitando y en el estado que se encuentre con tal de que no se haya dictado sentencia que cause ejecutoria.
    Los artículos relacionados con esta figura los podemos encontrar en el Código de Comercio del 1362 al 1376.

  21. Estimados Amigos estudiantes, a continuación comparto con ustedes una tesis que me parece importante, tratándose del tema de las formalidades escenciales del procedimiento, que en nos podrá ayudar en algún caso en particular que tengamos.

    Novena EpocaInstancia: PlenoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaTomo: II, Diciembre de 1995Tesis: P./J. 47/95Página: 133FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga “se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento”. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.Amparo directo en revisión 2961/90. Opticas Devlyn del Norte, S.A. 12 de marzo de 1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.Amparo directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de 1993. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo.Amparo directo en revisión 933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora. 10 de abril de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veintitrés de noviembre en curso, por unanimidad de once votos de los ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 47/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco

  22. Hola, me puede apoyar diciéndome cual es la vía que se ejercita para promover un juicio oral mercantil ??

    Gracias

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